Por: Carlos Rosero, activista del Proceso de Comunidades Negras en Colombia . Presentación sobre la historia y el estado actual de los derechos colectivos a la tierra de los afrodescendeintes en las Américas en el Intercambio de Experiencias del Tenure Facility 2019
Mi experiencia como activista del movimiento negro en Colombia y en el continente se ha desarrollado principalmente alrededor de la defensa de los derechos territoriales de las comunidades negras. Sin embargo, esa descripción sintética abarca un conjunto de aspectos que marcan el día a día de comunidades, organizaciones, autoridades y líderes, entre las que pueden mencionarse: titulación colectiva, consulta previa, economía propia y alternativas al desarrollo, permisos de aprovechamiento de recursos naturales “renovables y no renovables” en territorios titulados o ancestrales, alertas tempranas ante riesgos por el conflicto armado, proyectos de desarrollo o actividades ilícitas en los territorios, prevención del desplazamiento forzado interno, el confinamiento, amenazas y asesinatos de liderazgos, protección y uso de los conocimientos tradicionales, autonomía, gobierno propio y participación de las comunidades, planeamiento, conservación y uso sostenible de los territorios, patrimonializacion, reparación colectiva, reparación histórica, etc. En conjunto son parte de los asuntos que interesan en este espacio y la razón por la cual me han invitado a tomar la palabra y compartir.
La libertad, el territorio y la memoria.
“Si quieren tierras, devuélvanse a África”, fue la frase lanzada por un político vallecaucano en la década de los noventa. ¿Cómo la gente negra llegó a poseer tierras? Al comienzo éramos tratados como cosas que se venden y se compran, y las cosas no están en capacidad de poseer cosas, por lo que acceder al derecho a la tierra y a los territorios es parte de la historia de cómo nosotros reconstruimos nuestra dignidad como seres humanos. En mi organización asumimos el territorio como el espacio para ser.
Como respuesta a la pregunta anterior deben aparecer diversas historias entre ellas las de: enfrentar y vencer militarmente a los indígenas, la compra de tierras después de haber comprado la libertad, la indemnización de algunos esclavizados por parte de las comunidades religiosas, la reforma agraria, las tierras ganadas por los esclavizados fugados y que son conocidas como palenques, quilombos o cumbes, las que fueron colonizadas después de abolida la esclavización o las dadas a las mujeres negras amantes de los esclavizadores y a sus hijos, las invadidas y las que en algunos lugares recibieron los soldados y oficiales negros que hicieron parte de las luchas por la independencia. No importa que no sean muchas o que hoy no viva mucha gente en ellas, ocuparon un lugar importante en el proceso de fortalecimiento económico, social político y cultural de nuestros pueblos. Son parte de la memoria de resistencia y de la reconstrucción de la memoria africana en este continente al que llegamos sin nada distinto a nuestros propios cuerpos.
Los afrodescendientes nos definimos a nosotros mismos[1], en el proceso de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, como los descendientes de la trata trasatlántica de esclavizados. Somos los descendientes de las víctimas de un crimen de lesa humanidad cuyas repercusiones no terminaron con la abolición de la esclavización, sino que se mantienen hasta hoy. En los términos de Durban:
“Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas, y reconocemos asimismo que la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los africanos y afrodescendientes (…) fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias,”
Los afrodescendientes vivimos en la mayoría de los países de continente americano y en la actualidad representamos 200 millones en este y 130 millones en América Latina, siendo Brasil, Estados Unidos y Colombia los países los países con mayor población. La relación entre raza y pobreza o en términos de otros activistas, desigualdad racial, ha sido documentada desde las organizaciones del movimiento, en documentos de Naciones Unidas, la OEA, la CEPAL, el BID o el Banco Mundial. Respecto al reconocimiento cuatro constituciones en el continente mencionan expresamente a los afrodescendientes (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador), dos de ellas (Bolivia y Ecuador) hacen un reconocimiento expreso como pueblos, en tanto que algunas constituciones la discriminación por motivos de raza/etnia/color[2]. Existe así mismo un marco normativo internacional que protege los derechos implícita o expresamente los derechos de los afrodescendientes. En este marco se cuentan la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, la Convención de San José y la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Para preparar las notas de este compartir pregunte a varios de mis colegas activistas y académicos y uno de ellos me pregunto sobre si tenía el libro del Banco Mundial “Afrodescendientes en Latinoamérica hacia un marco de inclusión”[3] y me lo remitió por correo. No recuerdo si me lo dijo directamente o yo deduje que en este texto encontraría la información suficiente sobre tierras, territorio y territorialidad de los afrodescendientes en América. Lo central es la decepción que me lleve al constatar que en este texto la consulta previa se menciona solo en una oportunidad en la referencia al premio recibido por Francia Márquez y la palabra territorio solo está 5 veces.
Según el BM algunos grupos de afrodescendientes (los palenques en Colombia, los Garifunas en Centro América y los quilombolas en Brasil) poseen características que los vinculan con los indígenas, entre otras sus conexión histórica con territorios particulares y las demandas de protección de los sistemas de tenencia comunal de la tierra, por lo que “pueden requerir las medidas de protección contempladas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007”5.
El documento del BM y otros muchos similares, minimiza la importancia que tienen para el movimiento negro en su conjunto las demandas territoriales. Esta importancia nace de la comprensión histórica y política y no tiene nada que ver exclusivamente con la ubicación rural o con la etnicidad. Además de los países mencionados, las demandas territoriales hacen parte de las agendas políticas de los Pueblos Negros en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panamá, México y Estados Unidos. La importancia del tema tiene que ver con la relación entre territorio y libertad que está contenida en palabras tan poderosas como Palenque, Cumbe, Quilombo, Maroons y Cimarrones. En los palenques, nuestros mayores reconstruyeron sus proyectos de vida y anticiparon con muchos años, en ocasiones siglos, las gestas libertarias que darían la independencia a estas patrias. Los palenques y los nombres de Nanny, Ganga Zumba y Zumbi, Benkos, Felipillo, Bayano, Yanga, Alonso de Illesca, Andresote, Cudjoe, Makandal son parte de nuestra memoria y de los ejemplos de dignidad, autonomía y resistencia a proseguir.
En 2017, se realizó en Cali el III Coloquio Internacional Afrodescendientes organizado por la Asociación de Amigos de la Unesco. En las notas preparatorias a este espacio, escritas por los propios activistas, se cuenta en menos de 500 palabras, la historia del Pueblo de San Félix en la provincia de Santiago del Estero. Allí algunas familias afrodescendientes vienen de tierras donadas hace muchos años por los amos. Esas tierras están en un pleito legal sin resolverse y buscan la titularidad comunitaria “…para trabajar la tierra sin que nadie nos la quite…” Aunque lo más común fue que al finalizar la esclavización, los compensados fueran los amos, relatos como este de tierras en una suerte de reparación histórica existen también en Colombia; uno de ellos fue en Cali, una de las ciudades con mayor concentración de población negra de América latina, quienes están siendo desalojados. En Buenaventura, la familia Camacho compró el rio Anchicayá desde su desembocadura hasta sus orígenes por una damajuana de oro. En este río, entre las décadas del 50 y 70 del siglo XX, se construyeron dos presas de una hidroeléctrica. En 2001, los lodos de esta hidroeléctrica fueron vertidos y arrasaron con las comunidades, el rio y sus ecosistemas.
Derechos bajo ataque. La opción propia de futuro y los debates sobre los desarrollos.
Nosotros no gozamos plenamente de los derechos civiles y políticos. Los derechos colectivos que hemos ganado están bajo ataque y hay una campaña sistemática y deliberada para reversarlos. En Brasil como en Colombia quienes detentan el poder económico y político consideran que es “mucha la tierra para tan poca gente”, que las tierras comunales o territorios colectivos son un factor que atrasa el desarrollo, o que las mismas, por el simple hecho de ser colectivas son improductivas e ineficientes en lo económico. Respecto a esto, en el caso de Colombia son cada vez más los artículos publicados en los medios. En agosto reciente la prestigiosa revista The Economist publicó un artículo en el que se preguntan por qué la costa del pacífico colombiano es tan pobre.[4] Según esta publicación, la propiedad colectiva de la tierra frena a la región.
En Brasil el presidente Bolsonaro ha dicho:
“Más del 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola. Menos de un millón de personas en los lugares aislados de Brasil, exploradas y manipuladas por ONG. Vamos a integrar los elementos de la ciudad y valorar a todos los brasileños”
“No se puede seguir así. En un 61% de su territorio, Brasil no puede hacer nada. Hay lugares en los que no es posible producir porque no se puede ir a exportar o vender en una línea recta, hay que hacer una gran curva para desviarse de un quilombola, una tierra indígena, un área de protección ambiental. Están destruyendo Brasil”.
En el momento en que el conflicto armado llegó a uno de sus picos más álgidos en Colombia, entre 2002 y 2007, sobre los derechos colectivos y ancestrales de las comunidades negras, se superpusieron títulos mineros, todos ellos sin consulta previa, libre e informada. Este es el caso de la comunidad de La Toma en el norte del Cauca, asentada desde 1636 en su territorio y que intentaron desalojar en 2007, bajo un amparo administrativo que protegía a un título minero. De esta comunidad proviene Francia Márquez, ganadora del premio Goldman y en La Toma hay un cementerio en el que están enterrados africanos. Esta es también la historia de una comunidad negra en Halifax, costa atlántica de Canadá donde una carretera y un centro comercial se construyeron sobre el cementerio en el que estaban enterrados los primeros africanos en Canadá. En la provincia de Esmeraldas en Ecuador la palma aceitera ha ido arrinconando a las comunidades de san Lorenzo y sus alrededores. Y este despojo no es solo en lo rural. En Buenaventura la expansión portuaria. Uno de los casos más dramáticos que conocemos es el de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quienes adhidieron a en el siglo XIX a la Gran Colombia y han perdido hoy el 70% de su territorio y tienen seriamente comprometidos sus derechos en la disputa limítrofe entre Colombia y Nicaragua. En Estados Unidos “Entre 1910 y 1997, los afroamericanos perdieron cerca del noventa por ciento de sus tierras de cultivo”[5] y se calcula que en la actualidad están en riesgo de perderse 3.5 millones de acres que con un valor de más de 28 billones de dólares. Y hay ejemplos de esto en otros países.
Una mención infaltable y especial en la política del despojo tiene que ver con el narcotráfico y las políticas de combate al mismo que han militarizado los territorios, dañado ecosistemas con las fumigaciones, desplazado comunidades urbanas y rurales, afectado sus tejidos comunitarios en el norte y en el sur, en países como Colombia, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica.
Es reconocida la contribución de las comunidades indígenas y locales en la conservación de la biodiversidad. En centro, sur América y el Caribe nuestras comunidades interrelacionan con ecosistemas frágiles, estratégicos y de gran riqueza biodiversa. La Gran Comarca afro pacífico comprendida entre Panamá y la zona norte del Ecuador, es después de la amazonia, la segunda selva tropical más biodiversa del mundo. Nuestros lugares están siendo atacados por la lógica dominante de desarrollo de desarrollo comprometiendo nuestra supervivencia física y cultural como pueblos y nuestra existencia como humanidad. Mantener estos territorios y ganar, para ellos, estatutos particulares de autonomía y “desarrollo”, es un desafío no solo nuestro. Una mención especial en esta lógica del despojo es el narcotráfico y sus políticas de combate al mismo que han contribuido con la militarización de los territorios y comunidades, la destrucción de ecosistemas, el deterioro de tejidos comunitarios y la perdida de territorios urbanos y rurales en Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, entre otros.
El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural presente en muchas de las constituciones de los países de esta América, desde nuestra propia perspectiva, implica reconocer que existen otras maneras de concebir el futuro. El derecho al desarrollo de nuestros pueblos en el marco de sus propias culturas, es un derecho humano fundamental, reconocido, entre otros instrumentos, en el convenio 169 de la OIT, que algunos países han incorporado a sus legislaciones nacionales y que no en todos los casos, se aplica a los afrodescendientes. Nuestro derecho al desarrollo no puede continuar siendo discriminado. Más tarde que temprano nuestros pueblos, acusados hoy de ser una piedra en el camino del desarrollo o de ponerse al mismo, tendremos que asumir abiertamente, que nos oponemos a la lógica de desarrollo dominante y a sus proyectos, por los impactos que esta tiene sobre nuestra existencia como pueblos y como humanidad.
El ataque a los territorios y al derecho al desarrollo, se expresa también en la no aplicación de los derechos fundamentales a la consulta y al consentimiento previo libre e informado a nuestros pueblos, en los intentos de reglamentación para reducir este derecho o en el ejercicio del mismo de manera meramente formal que no respeta los estándares internacionales. La Consulta y el consentimiento previo, libre e informado busca proteger la integridad cultural de nuestros pueblos y su ejercicio no se limita solo a las comunidades que tienen tierras colectivas o ancestrales. Aun en contextos urbanos, nosotros y nosotras, los afrodescendientes mantenemos algunas prácticas culturales diferenciadas o incluso el racismo y la discriminación racial de los que somos víctimas demandan medidas especiales de participación para valorar y protegernos de los impactos sociales, ambientales y económicos de los proyectos y medidas gubernamentales que nos afectarán en lo comunitario o en lo individual.
Recuperar la integralidad
Nosotros hemos luchado por los derechos territoriales y sabemos que tener la titulación de nuestros territorios es una medida necesaria, pero no es suficiente. En Colombia tenemos los títulos, pero hemos perdido el dominio o control social y cultural de nuestros territorios; tenemos los títulos en el marco de la aplicación de la Ley 70 de 1993, pero las otras medidas económicas y sociales que estaban contenidas en la misma no se han implementado tras 27 años. Nuestra comunidades no han sido fortalecidas para ejercer el gobierno y la autonomía comunitaria, nuestros planes de manejo y de buen vivir no cuenta con los recursos para llevarse a la práctica, pese a nuestra lucha y resistencia la intervención institucional sigue siendo fragmentada, poco integral, lo que aumenta los riesgos y las vulnerabilidades. Recuperar una mirada integral de acompañar, apoyar e intervenir es un asunto vital, en la lucha que, en todo el continente, adelantamos los afrodescendientes para seguir recuperando plenamente nuestra humanidad.
Esta es una batalla por la vida en la que en muchos lugares de este continente hombres y mujeres están siendo amenazados, desplazados, confinados y asesinados individual y colectivamente, de manera fulminante o a plazos, abierta o veladamente.
El pasado y el presente se entretejen para ir construyendo
las posibilidades de un futuro con dignidad para todos y todas. En ese futuro
que vislumbramos para las nuevas generaciones de renacientes de africanos en
América y para todos, hay y siempre habrá un lugar para la esperanza del aire
puro, el agua limpia, el vuelo de las mariposas, el canto de los pájaros, el
chapoteo de los peces en el agua. Un lugar bajo la sombra de un frondoso árbol
para escuchar las voces de nuestros muertos y el sonido del tambor y su eterno
llamado a la libertad. Sin esta esperanza propia, ajena y colectiva, este viaje
que es la vida y esta lucha no tiene sentido.
[1] Esta definición fue adoptada en San José de Costa Rica en una reunión de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Para más detalles ver Romero Rodríguez, entramos negros y salimos afrodescendientes.
[2] Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos.
CEPAL, 2017.
[3] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, Washington, 2018. 5 Ibid, página 108
[4] No-man’s land Why Colombia’s Pacific coast is so poor https://www.economist.com/the-americas/2019/08/29/whycolombias-pacific-coast-is-so-poor
[5] https://solidaridad.net/las-tierras-perdidas-por-los-afroamericanos-y-la-desigualdad-en-los-eeuu/