Oro, petróleo, arcilla, piedra, coltán y grandes reservas hídricas son algunos de los recursos que se encuentran en los territorios colectivos o ancestrales por los que luchan los representantes de las comunidades. Las amenazas y asesinatos de estos líderes están ligadas a los interés de acaparamiento y explotación de diferentes grupos.
Tomado de Semana Sostenible 2019/05/17
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Recobrar la tranquilidad. Salir a jugar fútbol, a tomarse una cerveza y caminar libremente por el territorio sin necesidad de estar acompañado por escoltas, es el anhelo de Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
«Poder ir al río sin la preocupación, por un lado, de la contaminación con mercurio y cianuro, y por el otro, de que lleguen personas a las que uno les está haciendo estorbo por cuenta de la defensa del territorio que se ha venido dando, es un sueño», apunta.
Este líder social, quien hacía parte del grupo de 16 personas que, junto a Francia Márquez, fueron víctimas de un atentado el pasado 4 de mayo en Santander de Quilichao (Cauca), asegura que lo que viene sucediendo en Colombia en contra de los representantes de las comunidades es sistemático y planeado.
Y los hechos parecen darle la razón. Solo esta semana han sido asesinados dos líderes sociales. Se trata de Daniel Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del resguardo indígena de López Adentro, a quien mataron el pasado 14 de mayo en el municipio de Caloto, Cauca, y de María del Carmen Flórez, 37 años, quien fue ultimada este jueves en Ocaña, Norte de Santander.
A este hecho se suman el atentado contra César Lizardo Cerón, representante legal del Consejo Comunitario Mesetas, quien, además, aspira a la Alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, así como la amenaza que por medio de un correo electrónico recibieron el pasado martes algunos integrantes de varias organizaciones de Cajamarca, Tolima, que impulsaron la consulta popular, a partir de la cual se impidió la explotación minera a gran escala dentro del municipio.
En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 172 líderes sociales (158 hombres y 14 mujeres) en 2018, mientras que en lo corrido de este año ya se han registrado 27 homicidios. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre tanto, dio a conocer recientemente que desde el primero de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 fueron ultimados 317 representantes de las comunidades.
Del total de homicidios registrados en el informe de Medicina Legal, 74 fueron en contra de líderes indígenas (12 mujeres y 62 hombres), principalmente de la etnia Nasa en la que se reportaron 32 muertos (5 mujeres y 27 hombres). Los AWÁ y los Embera Chamí fueron otros de los pueblos que registraron mayor número de asesinatos, con 10 y 8, respectivamente.
Cauca, con 67 casos; Antioquia, con 44; Norte de Santander y Nariño, con 25 cada uno, fueron los departamentos en los que más asesinatos se presentaron. Por otro lado, Tumaco, en Nariño, fue el municipio en el que más muertes de líderes sociales hubo, al contabilizar 15 casos, mientras que en Corinto y Caloto, Cauca, fueron ultimados 11 y 9 representantes, respectivamente.
El informe también subraya que 4.500 líderes sociales tienen custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Por su ubicación estratégica y abundancia de servicios ecosistémicos, el Pacífico colombiano se ha convertido en una de las regiones más atractivas para explotación de recursos minero-energéticos y agrícolas no solo para grandes multinacionales, sino también para el mismo Estado colombiano y grupos al margen de la ley. Así lo aseveran varios líderes sociales consultados por Semana Sostenible.
Una investigación adelantada por el Observatorio de Terriotorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana lo corrobora. A partir de un estudio de caso hecho en el municipio de Suárez (Cauca) se logró establecer que en el 33% del territorio de esa población fueron adjudicados títulos mineros que abarcan 19.975 hectáreas. De los 25 permisos otorgados, el 68% fueron para la explotación de oro, el 28% para el carbón y el 4% para otro tipo de materiales.
También se logró determinar que existen 35 solicitudes mineras, las cuales ocuparían 35.488 hectáreas, es decir, el 60% del territorio de esa localidad. El 72% de esos permisos serían para extraer oro, el 14% para materiales de contrucción (arcilla y piedra) y el otro 14% para sacar otro tipo de minerales como, por ejemplo, el coltán.
Vivir sobre toda esa apetecida riqueza natural, ha generado una enorme presión sobre los líderes sociales que vienen luchando desde hace años por la preservación de sus territorios ancestrales, la titulación colectiva de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos.
«Las amenazas vienen porque el modelo de desarrollo económico del país, basado en la extracción de los territorios, está totalmente en contravía del modelo que manejamos nosotros, el cual está basado en derechos humanos. Es paradójico que quienes más hemos conservado, cuidado los territorios y las diferentes formas de vida estemos siendo sacados a la fuerza y estigmatizados para que unos pocos puedan explotar los recursos que todavía quedan, pues ya una gran parte de nuestras tierras ancestrales han sido saqueadas sin misericordia», apunta Víctor Hugo Moreno Mina.
El consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que agrupa 43 consejos, de 10 municipios (209 veredas), afirma que esa zona es atractiva por sus tierras altamente productivas, las reservas de oro, coltán, arcilla y material de arrastre de sus ríos, al igual que por su ubicación geográfica y grandes fuentes hídricas.
Moreno señala que para terminar de aumentar las presiones, la Agencia Nacional de Hidrocarburos encontró dos posibles yacimietos de petróleo en los municipios de Caloto y entre Santander de Quilichao y Buenos Aires. Además, afirma que se tiene prevista la construcción de otra represa para la generación de energía, abastecida por el río Timba. Esta se sumaría al embalse de la Salvajina.
«Los grupos que ejercen mayor presión son las empresas multinacionales que están detrás de las reservas, así como la mismas corporaciones autónomas que buscan ayudar a consolidar esos proyectos y los ingenios azucareros para poder instaurar zonas francas. Pero también están los acaparadores de tierra que quieren sembrar cultivos ilícitos o agroindustria extensiva, los paramilitares, las disidencias de las Farc y el ELN, entre otros grupos. Estamos siendo rodeados por las amenazas», comenta Moreno, quien asevera que desde el 2018 se han recrudecido los riesgos en el país para los líderes sociales.
«Si ustedes se fijan en los muncipios en donde el Sí ganó en el plebiscito es donde se vienen registrando el mayor número de muertes y desplazamientos», recalca.
El sacerdote Jesús Albeiro Parra, coordinador de la plataforma Coordinación Regional del Pacífico, cree que detrás de los territorios hay intereses ocultos muy grandes. Considera que como el 70% de las tierras de esa región están títuladas colectivamente a comunidades negras y pueblos indígenas, aquellos líderes que se atrevan a defender sus derechos, quedan en la mira.
«No les interesa que haya gente allí, entonces todo ese tema que venden de que hay guerrilla y paramilitares, es una fachada, porque lo que realmente existe en el fondo es toda una estrategia de exterminio y amedrantamiento, pues ellos saben que en la medida en que vayan amenazando o asesinando a todos estos líderes sociales, las comunidades se van a desplazar. Hay que evitar que eso pase», enfatiza.
El sacerdote afirma que otro factor que puede estar incidiendo en esta problemática es que a muchos no les conviene que se efectúe a cabal término la restitución de tierras.
Otro líder del Pacífico que no quiso ser identificado, explica que el hecho de que los ríos de esa zona desemboquen en el mar, se constituye en otro de los factores que motivan las presiones, pues por allí puede salir el narcotráfico. Él asegura que quienes manejan la minería ilegal de oro, los cultivos ilícitos y las mafias de aprovechamiento de los recursos naturales, persiguen a los líderes para que se queden callados.
Un representante de las comunidades de Nariño, a su turno, que tampoco quiso ser identificado, dice que las amenazas están directamente realcionadas con la importancia económica del territorio. «Los amedantamientos provienen desde el poder político por conflicto de interéses, pero a veces desde las mismas comunidades. También de grupos narcotraficantes, paralimitares, guerrileros o delincuencia común que extorsiona a las personas. Si a eso se suma que el acceso a los servicios de justicia es limitado y el control de las autoridades es muy bajo, los líderes estaremos destinados a ser objetivos militares», resalta.
Los representantes de las comunidades coinciden en que mientras el gobierno colombiano no asuma el control de los territorios, cambie su modelo extractivista y respalde los derechos colectivos a las comunidades indígenas y afrodescendientes, los líderes sociales deberán seguir luchando desde las trincheras.